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La Justicia le cerró la puerta a la estrategia de la UNSJ y favoreció el reclamo de los padres por las clases perdidas

El juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó el pedido de la Universidad para incorporar a los gremios docentes y al Gobierno nacional como terceros en el conflicto. La disputa seguirá concentrada en la obligación de recuperar los contenidos y las horas de clases perdidas en los colegios preuniversitarios.

El reclamo de los padres de alumnos de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) consiguió un avance judicial. El juez federal Leopoldo Rago Gallo rechazó la solicitud de la casa de altos estudios para incorporar a los sindicatos docentes y a distintos organismos del Estado nacional como terceros en el expediente. La decisión representa un revés para la estrategia de defensa de la Universidad y permite que el proceso continúe centrado en la recuperación de las clases afectadas por los paros.

La resolución fue notificada este martes y desestimó el pedido de convocar a SiDUNSJ, ADICUS, UDA, al Estado nacional y al Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo y la Agencia Territorial San Juan. La UNSJ pretendía que esos actores formaran parte del litigio, bajo el argumento de que las medidas de fuerza y los problemas de financiamiento educativo estaban vinculados con la pérdida de días de actividad escolar.

Sin embargo, el magistrado consideró que esos elementos forman parte del contexto del conflicto, pero no justifican ampliar las partes involucradas en el proceso. Según su interpretación, la demanda de los padres no busca discutir la legalidad de las huelgas, el financiamiento universitario ni las atribuciones de los organismos laborales, sino establecer qué medidas debe implementar la propia Universidad para garantizar la continuidad educativa y recuperar los contenidos pendientes.

El pronunciamiento constituye un paso importante para las familias que desde principios de octubre llevan adelante el reclamo judicial. La controversia se originó por la pérdida de numerosas jornadas escolares durante 2026 y la necesidad de establecer mecanismos concretos para compensar el tiempo de enseñanza afectado por los conflictos gremiales.

En paralelo, el expediente mantiene vigente una medida cautelar que obliga a la UNSJ a presentar un esquema de continuidad pedagógica y recuperación de contenidos. La institución respondió con planes de trabajo para sus tres establecimientos preuniversitarios: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.

No obstante, los padres cuestionaron las propuestas al considerar que no contemplan una cuantificación precisa de las horas perdidas, no garantizan la recuperación para todos los estudiantes y presentan como actividades compensatorias algunas tareas que forman parte de la rutina escolar habitual. Por ese motivo, solicitaron que no se considere cumplida la orden judicial.

Además, las familias denunciaron nuevos hechos vinculados con los anuncios de medidas de fuerza de APUNSJ y ADICUS y pidieron ampliar la protección cautelar. Entre otras exigencias, reclamaron que la Universidad garantice al menos el 75% de la prestación educativa habitual durante los paros, en cada establecimiento y turno, mediante la organización del personal y la asignación de funciones necesarias.

Ese planteo todavía debe ser resuelto por la Justicia y constituye uno de los puntos centrales que siguen pendientes en el expediente.

Mientras tanto, la disputa judicial sumó otro frente de tensión entre la conducción universitaria y ADICUS. El director general de Asuntos Legales de la UNSJ, José Luis Miolano, cuestionó públicamente las críticas del sindicato por su participación en la demanda presentada por los padres, ya que uno de sus hijos concurre a uno de los colegios involucrados.

El abogado defendió su intervención y sostuvo que actuó a título personal. También rechazó que sus hijos fueran involucrados en una controversia gremial. Desde ADICUS, en cambio, cuestionaron su actuación por su función institucional dentro de la Universidad y consideraron que existía un conflicto ético por intervenir judicialmente contra la propia casa de estudios.

En declaraciones a 0264 Radio, Miolano confirmó que denunciará al gremio por la difusión de sus datos personales en redes sociales. Sostuvo que la entidad habría vulnerado la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

Así, mientras la Justicia mantiene bajo análisis las exigencias de los padres para garantizar la recuperación efectiva de las clases, el conflicto también se profundiza en el plano institucional y sindical. La última resolución, al impedir que la UNSJ amplíe el litigio hacia otros actores, dejó nuevamente en primer plano la responsabilidad de la Universidad sobre el servicio educativo de sus colegios preuniversitarios.

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