El diputado nacional Cristian Andino endureció sus cuestionamientos contra los fiscales que llevan adelante la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum. El exintendente de San Martín consideró que los representantes del Ministerio Público Fiscal realizaron afirmaciones que no se corresponden con la verdad y volvió a advertir sobre una posible utilización política de la causa.
El legislador manifestó que su preocupación se profundizó después de escuchar las declaraciones de los fiscales, a quienes acusó de faltar a la verdad en distintos aspectos. No obstante, evitó identificar puntualmente cuáles fueron las expresiones que considera incorrectas y sostuvo que tendrá oportunidad de responderlas durante el avance del proceso judicial.
Las declaraciones se producen en un contexto de incertidumbre para la investigación, luego de que la jueza de Garantías Mónica Lucero declarara la nulidad de las actuaciones procesales realizadas desde el 13 de octubre, incluida la audiencia de formalización. La resolución obligó a remitir al Tribunal de Impugnación el planteo de recusación presentado contra la magistrada.
Andino también volvió a expresar sus sospechas sobre el trasfondo de la investigación y planteó que podría existir un interés político vinculado con el próximo escenario electoral. Según sostuvo, la exposición pública de la causa podría buscar perjudicar su imagen a pocos meses de una nueva contienda electoral.
Pese a sus cuestionamientos, el diputado aseguró que mantiene su voluntad de colaborar con la Justicia y que no pretende limitar el alcance de las investigaciones a su paso por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). En ese sentido, afirmó que está dispuesto a que se examinen tanto los cuatro años en los que presidió el organismo como sus distintas gestiones al frente de la Municipalidad de San Martín.
Por otra parte, Andino se refirió a su ausencia en el Congreso de la Nación, donde debía participar de las actividades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda vinculadas con el debate del Presupuesto Nacional. El legislador lamentó no poder intervenir en esa instancia para defender los intereses de San Juan, aunque justificó su presencia en la provincia por su obligación de cumplir con los requerimientos judiciales.
De esta manera, el diputado volvió a marcar distancia de las acusaciones que rodean al expediente y puso en duda el accionar de los fiscales, mientras la causa atraviesa una etapa decisiva para determinar cómo continuará la investigación.

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