La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar paralizada por un planteo de las defensas que podría modificar el desarrollo del proceso. El pedido de nulidad absoluta presentado por varios abogados defensores obligó a suspender la audiencia de formalización y dejó en manos de la jueza de Garantías Mónica Lucero la próxima decisión. Entre los investigados se encuentra el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac.
La audiencia se desarrolló este miércoles 11 de noviembre en Tribunales, pero terminó nuevamente en un cuarto intermedio. Las partes deberán regresar el martes 17, a las 14:30, cuando la magistrada deberá pronunciarse sobre el cuestionamiento presentado por los abogados de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez, al que luego adhirieron las defensas de Uñac y Cristian Andino.
El planteo apunta al procedimiento utilizado para resolver una recusación anterior contra Lucero. Los abogados sostienen que durante esa instancia se habrían vulnerado garantías constitucionales de sus representados y solicitan que se declare la nulidad absoluta de esas actuaciones.
La Fiscalía se opuso al pedido y consideró que se trata de una estrategia dilatoria. Según su postura, las defensas no lograron acreditar cuál habría sido el perjuicio concreto derivado del procedimiento cuestionado.
Sin embargo, la jueza resolvió interrumpir la audiencia para estudiar el planteo antes de continuar con el proceso. Su argumento fue evitar que se avance sobre actuaciones que eventualmente podrían ser declaradas inválidas.
La resolución del próximo martes será determinante para el futuro inmediato del expediente. Si Lucero rechaza el pedido de nulidad, la audiencia podrá continuar con el análisis de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal. Si acepta el planteo, será necesario establecer qué actuaciones quedan alcanzadas por la decisión y si corresponde repetir alguna instancia del procedimiento.
De esta manera, la jornada del 17 de noviembre no necesariamente marcará el final de la audiencia de formalización, sino que estará centrada inicialmente en resolver el incidente presentado por los abogados defensores.
Antes de la suspensión, el fiscal Sebastián Gómez había completado la exposición de la hipótesis acusatoria y detallado las presuntas responsabilidades de los involucrados en las irregularidades detectadas en la obra.
La investigación apunta a un supuesto esquema de decisiones administrativas y técnicas que habría beneficiado a la empresa Krah América Latina, proveedora de las cañerías utilizadas en el acueducto. Entre las conductas señaladas por los fiscales figuran presuntas flexibilizaciones de requisitos, modificaciones en los procedimientos de contratación y controles de calidad que, según la acusación, no se habrían cumplido adecuadamente.
En el caso de Sergio Uñac, la Fiscalía le atribuye presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La acusación también alcanza al empresario Gustavo Mastelono; al ex titular de OSSE Cristian Andino; a los expresidentes del organismo Humberto Caballero, Juan Carlos Caparrós, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz; y a los funcionarios técnicos Juan Antonio Sánchez, Francisco Correa y Rolando Caruso.
El undécimo investigado es el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, quien no participó de la audiencia debido a un viaje programado con anterioridad. Su situación será tratada en una instancia judicial por separado.
Pese a que la Fiscalía ya expuso los hechos y los delitos que pretende atribuir a cada investigado, ninguno quedó todavía formalmente imputado en esta instancia. La audiencia de formalización continúa pendiente y deberá completarse una vez resuelto el planteo de nulidad.
Por ahora, el expediente vuelve a quedar sujeto a una decisión judicial que definirá si el procedimiento puede avanzar en las condiciones actuales o si será necesario revisar parte de lo actuado. La próxima audiencia será clave para determinar cómo continúa una investigación de fuerte repercusión política e institucional en San Juan.
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