El Régimen Penal Juvenil comenzó a tener sus primeros casos de relevancia en San Juan, apenas unos días después de la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.801. La denuncia por un supuesto abuso sexual y la investigación por el homicidio ocurrido en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas, se convirtieron en los primeros expedientes que quedaron bajo el nuevo esquema de justicia para adolescentes. La adecuación provincial de la normativa recibió este lunes la sanción de la Cámara de Diputados.
El primer caso ingresó el domingo por la mañana, cuando la madre de una menor presentó una denuncia en la sede de ANIVI contra un adolescente de 15 años, por un presunto abuso sexual. La fiscal de Niñez y Adolescencia, María Paula Carena, confirmó que se trató del primer expediente recibido bajo el nuevo régimen.
Según explicó la funcionaria, la denuncia se encuentra en etapa de análisis para determinar si corresponde solicitar las primeras medidas de instrucción. En caso de avanzar, la fiscalía remitirá al juez las medidas probatorias que considere necesarias, aunque será el magistrado quien resolverá si les da curso.
Carena también señaló que la investigación se encuadra en la Ley 27.801, en lugar de la Ley 22.278, que estuvo vigente hasta el 4 de septiembre y contemplaba un régimen de sanciones más benigno para los menores declarados responsables. La causa se tramita dentro del sistema judicial mixto.
El segundo expediente que quedó alcanzado por el Régimen Penal Juvenil corresponde al homicidio de Gonzalo Quinteros, un joven de 19 años asesinado durante la noche del lunes en una vivienda de la Villa 1° de Mayo, en Chimbas.
En un primer momento, la investigación judicial había considerado la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con un conflicto previo con la víctima. Incluso se manejó la hipótesis de un ataque perpetrado por personas encapuchadas.
Sin embargo, los resultados de la autopsia modificaron el curso de la pesquisa. El examen forense determinó que Quinteros recibió un disparo en el rostro efectuado desde una distancia de pocos centímetros. A partir de ese dato, la principal sospechosa pasó a ser su novia, una adolescente de 16 años.
Ante la participación de una menor de edad, la UFI Delitos Especiales remitió las actuaciones a la Justicia de Menores. La causa quedó a cargo del magistrado Jorge Toro, mientras los investigadores continúan reuniendo elementos para esclarecer lo sucedido.
La hipótesis que actualmente se analiza apunta a que el disparo mortal se habría producido de manera accidental. No obstante, los pesquisas buscan incorporar nuevas pruebas que permitan confirmar o descartar esa línea investigativa.
Ambos expedientes representan los primeros casos de relevancia que ingresan al sistema penal juvenil sanjuanino tras la implementación de la normativa nacional y la posterior adecuación provincial.
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