El presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, acudió a Tribunales y cuestionó que Sebastián Carbajal no habría respondido distintos pedidos de informes ni remitido balances y documentación administrativa desde el inicio de su gestión. La presentación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.
El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, fue denunciado ante la Justicia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de una serie de requerimientos de información que, según la presentación, no habrían sido respondidos por el Ejecutivo municipal desde el comienzo de la actual gestión.
La denuncia fue presentada por el presidente del Concejo Deliberante de Calingasta, Santos Zárate, y quedó radicada en la UFI Delitos Especiales, que tiene como fiscal de turno a Adolfo Díaz. Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá disponer las primeras medidas para determinar si existen elementos que permitan avanzar con la investigación.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la presentación judicial, el principal cuestionamiento está relacionado con la falta de respuesta a distintos pedidos de informes y solicitudes de documentación administrativa realizados desde fines de 2023, cuando Carbajal asumió al frente del municipio.
Entre los puntos señalados aparece la presunta falta de remisión de balances municipales, además de otras resoluciones y documentación vinculada con el funcionamiento de la administración departamental.
Zárate llevó adelante la presentación luego de que el planteo fuera analizado y compartido por otros integrantes del Concejo Deliberante. El objetivo es que la Justicia determine si la conducta atribuida al intendente puede encuadrar en un delito y si corresponde adoptar nuevas medidas.
La denuncia se produce en medio de un escenario de fuerte tensión institucional y política en Calingasta. Días atrás, el propio Carbajal había recurrido a la Justicia para denunciar a su extesorera, Martha Campos, por un presunto faltante de $107 millones en las cuentas municipales.
Ese expediente generó un fuerte impacto en el departamento y puso bajo la lupa el manejo de los recursos públicos durante los últimos años. Ahora, la denuncia presentada por el titular del Concejo Deliberante suma un nuevo capítulo judicial que involucra directamente al jefe comunal.
Por el momento, la Fiscalía deberá analizar la presentación y determinar si corresponde impulsar una investigación o desestimar el planteo. La Justicia tendrá así la tarea de establecer si existió efectivamente un incumplimiento de las obligaciones que pesan sobre el intendente respecto del Concejo Deliberante y de la documentación requerida por los ediles.