Fiscalía de Estado avanzó con el cobro judicial de prestaciones realizadas en hospitales públicos a pacientes con cobertura médica. Ya se ejecutaron dos lotes de deuda y se prepara un tercero, mientras algunos expedientes incluyen embargos preventivos para garantizar el recupero.
La Provincia de San Juan intensificó durante este año el reclamo judicial contra obras sociales y agentes de salud por las prestaciones realizadas en hospitales públicos a pacientes que contaban con cobertura médica. A través de dos tandas de ejecuciones fiscales, el Estado ya logró recuperar alrededor de $815 millones y prepara un tercer lote de demandas.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó que las acciones alcanzan deudas generadas por atenciones realizadas en el Hospital Rawson, el Marcial Quiroga y otros centros de salud provinciales. La estrategia judicial se activa cuando las entidades no cancelan los montos reclamados luego de atravesar la instancia administrativa correspondiente.
El primer lote de ejecuciones comprendió una deuda cercana a $790 millones. De ese total, unos $615 millones ya ingresaron a las arcas provinciales, considerando tanto los pagos concretados como aquellos que se encuentran en proceso de cancelación.
El segundo grupo comenzó a tramitarse entre mayo y junio y contempla una deuda estimada en $900 millones. Hasta el momento, la Provincia recuperó aproximadamente $200 millones, por lo que entre ambos procesos el monto recuperado ronda los $815 millones.
La Fiscalía de Estado avanza ahora en la preparación de un tercer lote de ejecuciones, que permitirá incorporar nuevas deudas que no hayan sido canceladas durante la etapa administrativa.
El procedimiento no comienza directamente en los tribunales. Las administraciones de los hospitales y centros de salud elaboran los certificados con las prestaciones realizadas y que permanecen impagas. Con esa información se confecciona una preliquidación que es puesta a consideración de la obra social.
Durante esa instancia, las entidades pueden plantear diferencias, observar los montos reclamados o intentar alcanzar un acuerdo de pago. Recién cuando esa etapa concluye sin cancelación de la deuda se confecciona el certificado correspondiente y Fiscalía de Estado queda habilitada para iniciar la ejecución judicial.
Uno de los instrumentos utilizados para garantizar el recupero es el embargo preventivo. Al iniciar determinadas ejecuciones, la Provincia puede solicitar al juez que ordene inmovilizar fondos existentes en cuentas de la obra social y transferirlos a una cuenta judicial vinculada al expediente.
Los recursos quedan allí hasta que se resuelvan las cuestiones planteadas durante el proceso. Según explicó Dávila, esta herramienta busca evitar que, mientras avanza el juicio, desaparezcan los fondos necesarios para afrontar la deuda.
El esquema de recupero comenzó a modificarse a partir de la creación del Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud y la implementación del nuevo sistema para facturar las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura. La aplicación efectiva del mecanismo se consolidó hacia fines de 2024, con la utilización del nuevo nomenclador de prestaciones.
Desde entonces, el Ministerio de Salud comenzó a determinar los valores correspondientes a las atenciones brindadas en el sistema público y a reclamar el pago a las entidades responsables. La estrategia posteriormente incorporó la vía judicial para aquellos casos en los que no se alcanzaron acuerdos o no se concretaron las cancelaciones.
Para el Gobierno provincial, el objetivo es evitar que los hospitales públicos absorban con recursos estatales los costos de prestaciones que corresponden a personas que cuentan con una obra social. El recupero, además, permite reincorporar fondos al sistema sanitario.
Con dos lotes ya iniciados y un tercero en preparación, Fiscalía de Estado continuará durante los próximos meses con la ejecución de las deudas que permanezcan impagas una vez agotada la instancia administrativa.