La colocación del Bono San Juan dejó una señal concreta del interés que despertó la provincia entre los inversores: frente a los USD 600 millones que finalmente tomó, recibió órdenes de compra por USD 1.037 millones. La demanda superó así en aproximadamente un 73% el monto colocado y permitió completar la operación con participación de 67 fondos e inversores, tanto locales como internacionales.
El resultado adquiere relevancia porque representó el regreso de San Juan al mercado internacional de deuda después de 27 años, en un escenario financiero que presentaba condiciones exigentes para los emisores argentinos. El título fue emitido a nueve años, con vencimiento en 2035, un cupón del 9,55% y un rendimiento efectivo del 9,875%.
La operación se concretó con referencias externas que presionaban sobre el costo del financiamiento. Al momento de la colocación, el riesgo país se ubicaba en 567 puntos y la tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años alcanzaba el 5,15%. En ese contexto, la Provincia consiguió una demanda que excedió ampliamente sus necesidades de financiamiento.
Uno de los elementos que aparece detrás de esa respuesta del mercado es la situación fiscal provincial. San Juan llegó a la operación con el antecedente de 21 años consecutivos de superávit financiero, además de un nivel de endeudamiento históricamente bajo y una posición de liquidez que fue considerada entre los atributos de su perfil crediticio.
Esa fortaleza había sido planteada por el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, como uno de los fundamentos para recurrir al mercado. La estrategia provincial apuntó a utilizar el acceso al financiamiento para desarrollar infraestructura sin depender exclusivamente de recursos provenientes del Estado nacional.
Pero la ecuación que observaron los inversores no se limitó a las cuentas públicas. El otro componente central estuvo relacionado con las perspectivas de crecimiento de la minería, particularmente por el potencial cuprífero de San Juan y por la presencia de grandes compañías internacionales vinculadas a proyectos de largo plazo.
Entre las empresas mencionadas por el Gobierno provincial aparecen BHP, Rio Tinto, Glencore y McEwen. La expectativa en torno a esas inversiones se relaciona no solo con la actividad extractiva, sino también con la infraestructura que será necesaria para acompañar el desarrollo de los proyectos, desde rutas y energía hasta otros servicios vinculados a la expansión productiva.
Ese escenario también permite entender el destino previsto para los recursos obtenidos mediante la emisión. Los USD 600 millones fueron orientados a infraestructura y obras vinculadas con el desarrollo productivo y minero, en lugar de utilizarse para financiar gastos corrientes. La apuesta provincial consiste en que esas inversiones acompañen el crecimiento económico futuro y generen condiciones para ampliar la actividad.
La composición de las órdenes de compra también mostró una participación significativa del mercado argentino. Cerca de USD 360 millones de las ofertas correspondieron a inversores locales, mientras que el resto provino del exterior. La cantidad de participantes permitió a la provincia cubrir el monto autorizado sin necesidad de aceptar la totalidad de las propuestas recibidas.
La elevada demanda tuvo además incidencia sobre las condiciones finales de la operación. Matías Salcedo, responsable de Financiamiento de Cohen, señaló que las primeras referencias del mercado ubicaban el rendimiento exigido en niveles superiores, pero el volumen de órdenes permitió reducir esa exigencia durante el proceso de colocación.
Finalmente, el rendimiento efectivo quedó en 9,875%, por debajo del 10%, mientras que el cupón se estableció en 9,55%. Si bien representa un costo financiero significativo para la provincia durante la vida del título, la tasa quedó por debajo de algunos escenarios más elevados que se habían considerado ante el deterioro de las condiciones financieras.
El esquema de devolución del capital también fue diseñado con un horizonte prolongado. El bono contempla pagos de intereses semestrales y concentra la amortización en los últimos años: un 33% del capital se devolverá en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante en 2035.
Desde el Gobierno provincial, el gobernador Marcelo Orrego interpretó la sobresuscripción como una señal de confianza del mercado hacia San Juan y vinculó el resultado con la posibilidad de acelerar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo.
Más allá de esa lectura política, el dato central de la operación queda reflejado en la magnitud de la demanda: por cada USD 100 que San Juan salió a buscar, los inversores llegaron a ofrecer aproximadamente USD 173. El resultado combinó antecedentes fiscales, bajo endeudamiento, expectativas vinculadas a la minería y un destino de los fondos asociado a infraestructura productiva, factores que confluyeron en el regreso de la provincia al financiamiento internacional.
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