La Dirección de Defensa del Consumidor de San Juan tiene en trámite seis denuncias formales contra una inmobiliaria vinculadas con la comercialización de terrenos en el complejo La Perla. Los reclamos están relacionados principalmente con demoras en la entrega de los lotes, la disponibilidad de servicios y dificultades para determinar con precisión la ubicación de las parcelas adquiridas.
La titular del organismo, Fabiana Carrizo, confirmó la cantidad de expedientes y aclaró que la dimensión administrativa del conflicto es menor a la que había trascendido previamente. Según explicó, actualmente son seis consumidores los que llevan adelante reclamos individuales y todos se encuentran dentro de un proceso administrativo de conciliación.
Entre los planteos realizados por los compradores aparecen casos en los que la entrega de los terrenos se habría extendido por hasta dos años, pese a que las operaciones contemplaban la provisión de servicios como agua y electricidad. Sin embargo, uno de los principales puntos de conflicto estaría relacionado con la propia identificación de los inmuebles, ya que algunos compradores aseguran no contar con información suficiente para establecer cuál es exactamente la parcela que les corresponde.
Defensa del Consumidor ya concretó una primera audiencia y avanza hacia una nueva instancia de diálogo con la empresa. La inmobiliaria se presentó en el procedimiento y aportó documentación en al menos uno de los expedientes, mientras que los restantes continúan en análisis. El objetivo de esta etapa es alcanzar acuerdos entre las partes y evitar que los reclamos deban resolverse mediante un proceso judicial.
Carrizo explicó además que, si la empresa no presenta una alternativa que sea aceptada por un consumidor que reclama la devolución del dinero, el caso podría derivar en la Justicia. En ese contexto, hizo referencia al artículo 51 de la Ley de Defensa del Consumidor, relacionado con situaciones que podrían involucrar presuntas estafas. La funcionaria remarcó que la tarea de la repartición provincial se concentra en la instancia administrativa y conciliatoria entre consumidores y proveedores.
Otro de los aspectos que aparece en los expedientes está relacionado con la prestación de servicios. En particular, Defensa del Consumidor mantiene comunicaciones con OSSE mediante pedidos formales de información para conocer la situación de la provisión de agua en el complejo y determinar las condiciones existentes para los terrenos involucrados.
A partir de este caso, la funcionaria también recomendó a quienes estén por adquirir un terreno realizar controles previos antes de concretar la operación. Entre las principales verificaciones mencionó consultar ante el municipio correspondiente si el loteo se encuentra habilitado y conocer las normas y ordenanzas que regulan el desarrollo inmobiliario en ese sector.
Los seis expedientes continúan su curso de manera individual y, de acuerdo con lo señalado por Carrizo, se encuentran en una etapa avanzada dentro del procedimiento administrativo.
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