El gobernador se refirió a la implementación del nuevo régimen para menores desde los 14 años y señaló que la adaptación del sistema requerirá un proceso específico. La Cámara de Diputados tratará el lunes 14 una norma transitoria para comenzar a adecuar la legislación provincial.
El gobernador Marcelo Orrego aseguró que la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil en San Juan demandará tiempo y una adecuación progresiva del sistema judicial. El mandatario realizó las declaraciones durante un acto oficial, luego de que representantes de los tres poderes del Estado avanzaran en una propuesta transitoria para adaptar la normativa provincial al nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años.
El proceso tendrá un primer paso el próximo lunes 14 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados sesione de manera especial para analizar una norma de transición. La iniciativa surgió de una reunión en la que participaron el vicegobernador Fabián Martín, legisladores, el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y la jueza de Menores, María Julia Camus.
La propuesta apunta a compatibilizar el funcionamiento de la Justicia sanjuanina con la Ley Nacional N.º 27.801, que establece el nuevo esquema de imputabilidad. El régimen transitorio tendrá una vigencia estimada de seis meses y durante ese período la Legislatura deberá avanzar en la elaboración del Código Procesal Penal Juvenil definitivo.
El proyecto contempla distintas herramientas alternativas a la imposición de una pena. Entre ellas se encuentran mecanismos de conciliación para determinados delitos patrimoniales que no hayan involucrado violencia grave, la reparación integral del daño y la suspensión del juicio a prueba.
También se incorpora la posibilidad de recurrir al juicio abreviado en delitos de acción pública, siempre que exista un acuerdo entre el fiscal, la defensa, el asesor penal y el adolescente imputado. En esos casos, la sanción que eventualmente se dicte no podrá superar la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
La adaptación, sin embargo, no se limitará a modificar normas. La implementación plena del nuevo sistema requerirá cambios en la estructura judicial, entre ellos la creación de fiscalías y defensorías especializadas en materia penal juvenil.
Otro de los puntos que deberá resolver la Provincia será la infraestructura destinada al alojamiento de adolescentes que sean privados de su libertad. El nuevo esquema exige espacios diferenciados para evitar que los menores permanezcan en contacto con personas adultas dentro del sistema penitenciario.
En ese contexto, Orrego remarcó que la adecuación deberá atravesar un análisis técnico e institucional que involucre a los distintos poderes del Estado. La puesta en marcha definitiva, por lo tanto, no será inmediata y estará condicionada tanto por los cambios legislativos como por la creación de las estructuras necesarias para sostener el nuevo régimen.
Por otra parte, el gobernador también se refirió a su participación en un foro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), realizado en Buenos Aires. Allí presentó el potencial minero de San Juan y destacó el lugar que ocupa la provincia dentro del desarrollo cuprífero nacional.
Según expuso, San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre de escala internacional identificados actualmente en Argentina, una posición que el Gobierno provincial busca consolidar como parte de su estrategia para atraer inversiones y desarrollar la actividad minera.