Dos personas fueron sancionadas con $4,3 millones cada una por los daños ambientales provocados en un sector protegido de Calingasta. El área afectada podría demandar hasta 80 años para recuperar sus condiciones originales. La sentencia todavía puede ser apelada.
El Juzgado de Paz de Calingasta aplicó multas por un total de $8,6 millones a dos personas consideradas responsables de daños ambientales en La Pampa del Leoncito, uno de los sectores naturales protegidos de mayor valor de San Juan.
La sanción establecida para cada uno de los involucrados asciende a $4,3 millones. El juez Andrés Troche explicó que el monto fue calculado sobre la base de 16 salarios correspondientes al escalafón administrativo mínimo de la Administración Pública provincial, en el marco de la Ley 571-F, que establece normas de protección del patrimonio natural.
Entre los elementos considerados para determinar la responsabilidad estuvo el ingreso y avance sobre el terreno pese a la presencia de agua. Esa circunstancia incrementó el riesgo de deterioro del suelo y fue incorporada al análisis realizado por la Justicia.
El magistrado también sostuvo que el desconocimiento de las reglas del lugar no constituye un argumento suficiente para evitar una sanción, ya que las normas se consideran de conocimiento obligatorio. De esta manera, la resolución puso el foco tanto en la conducta de los involucrados como en las características particularmente sensibles del ambiente afectado.
Uno de los datos más relevantes del expediente está relacionado con el tiempo necesario para recuperar el sector dañado. Un informe elaborado por la Dirección de Patrimonio estimó que la recuperación de las condiciones originales de La Pampa del Leoncito podría demandar entre 75 y 80 años, lo que fue tenido en cuenta al momento de establecer la sanción.
La resolución contempla además que, si las multas quedan firmes y son efectivamente cobradas, el dinero no ingresará a fondos generales. Los recursos deberán destinarse a tareas de conservación y recuperación ambiental en el propio sector afectado.
La sentencia aún no está firme. Los sancionados cuentan con un plazo de cinco días para presentar una apelación. Si no recurren la resolución dentro de ese período, se pondrá en marcha el procedimiento para hacer efectivo el cobro de las multas.
El fallo marca así una de las sanciones económicas más significativas aplicadas en la provincia por daños sobre un área natural protegida y pone en evidencia el impacto de intervenciones que, aun cuando puedan parecer puntuales, pueden generar consecuencias ambientales que requieren décadas para revertirse.