JUDICIAL

Megaestafa Global Market: la Justicia Federal allanó las oficinas y busca rastrear más de $4.000 millones

El procedimiento se realizó en pleno centro de San Juan, seis meses después de las primeras denuncias. Unos 45 inversores aseguran haber entregado sus ahorros a la firma y el perjuicio económico estimado ya supera los $4.000 millones.

La investigación por la presunta megaestafa de Global Market sumó un nuevo capítulo con un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en las oficinas de la firma, ubicadas en calle Mendoza 31 Sur, en pleno centro sanjuanino.

El procedimiento estuvo a cargo de autoridades judiciales. En el lugar se encontraba Gustavo Omar Ahumada, uno de los titulares de Global Market, mientras que Miguel Ángel Cañada, también señalado en la causa, no estaba presente.

La investigación se inició a partir de las denuncias de alrededor de 45 personas que aseguran haber confiado sus ahorros a la empresa con la expectativa de obtener rendimientos mediante inversiones consideradas de bajo riesgo. El perjuicio económico denunciado supera actualmente los $4.000 millones, aunque el monto podría modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas presentaciones.

Uno de los principales objetivos de la causa es determinar qué ocurrió con el dinero entregado por los inversores y si parte de esos fondos fue destinada a otras operaciones sin autorización de los clientes. En las denuncias también aparece mencionada GMI Inversiones, vinculada a movimientos que son analizados por la querella para reconstruir el recorrido de los fondos.

El expediente llegó al fuero federal después de que la Justicia provincial se declarara incompetente. Durante los meses previos, los representantes de los damnificados habían reclamado medidas para preservar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que pudieran aportar información sobre las operaciones realizadas.

Por el momento, no se informaron oficialmente los resultados del allanamiento ni si fueron secuestrados documentos, computadoras u otros elementos de interés para la causa. Tampoco trascendió si se concretaron otros procedimientos solicitados por la querella.

La investigación continúa bajo la figura de una presunta estafa y ahora busca avanzar sobre el destino de los fondos y determinar las eventuales responsabilidades de las personas vinculadas con las operaciones denunciadas.

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