El armamento pertenecía a un lote de 500 unidades comprado en agosto de 2022. La causa fue denunciada ante la UFI de Delitos Especiales y, en paralelo, se inició un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades dentro de la División Armamento.
La Policía de San Juan investiga la desaparición de más de 100 armas de fuego de la División Armamento, en un caso que ya llegó a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales. Además de la causa judicial, el Gobierno provincial abrió un sumario administrativo para establecer cómo se produjo el faltante y si hubo participación o negligencia de personal de la fuerza.
La situación fue confirmada por el subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio. El funcionario indicó que las armas desaparecidas formaban parte de una compra de 500 unidades realizada en agosto de 2022 y precisó que la cantidad faltante supera el centenar, aunque el número definitivo todavía debe establecerse.
El caso salió a la luz luego de un relevamiento en la dependencia policial, donde se detectó que una parte del armamento registrado no estaba disponible. A partir de ese hallazgo, las autoridades remitieron los antecedentes y la documentación correspondiente a la Justicia para que se investigue lo ocurrido.
En paralelo, la Subsecretaría de Control de Gestión inició actuaciones administrativas sobre los efectivos que estuvieron destinados a la División Armamento desde la incorporación del lote. Según detalló Villavicencio, entre 25 y 30 policías integran la nómina de personas que pasaron por esa área durante el período bajo análisis.
Por el momento, no hay responsables individualizados. El sumario fue abierto contra personal a determinar y la inclusión de los efectivos en la investigación no implica que se haya comprobado su participación en la desaparición de las armas. La eventual responsabilidad de cada uno dependerá del avance de las actuaciones judiciales y administrativas.
Villavicencio explicó que, si se comprueba la intervención de algún agente, podrán aplicarse las sanciones correspondientes en el ámbito administrativo. En tanto, la investigación penal deberá determinar si se cometieron delitos y quiénes podrían estar involucrados.
Otro aspecto pendiente es la valuación económica del armamento faltante. El funcionario señaló que todavía no existe una cifra definida, ya que será necesario establecer el valor de las armas al momento de la compra o calcular su equivalente actualizado.
Mientras continúan las medidas para reconstruir lo ocurrido, las autoridades buscan determinar el destino de más de un centenar de armas pertenecientes a la Policía provincial y establecer si existieron responsabilidades individuales en su desaparición.