Las familias deberán afrontar el cuarto incremento del año en las instituciones de gestión privada. Educación confirmó que la actualización se aplicará en noviembre, aunque todavía no se definió el porcentaje. El Gobierno asegura que no hay un éxodo masivo hacia las escuelas públicas, mientras algunos colegios ya enfrentan dificultades financieras.
Las cuotas de los colegios privados de San Juan tendrán un nuevo aumento en noviembre, en lo que será la cuarta actualización prevista para este año. La Dirección de Educación Privada confirmó que el porcentaje todavía no está definido y que surgirá de un cálculo que contempla, entre otras variables, la inflación y la evolución de los salarios docentes.
La directora del área, Andrea Fernández, explicó que el esquema anual contempla cuatro tramos de actualización: marzo, mayo, agosto y noviembre. De esta manera, las familias deberán afrontar antes de fin de año un nuevo ajuste cuyo impacto dependerá del porcentaje que finalmente establezcan las áreas de Hacienda y Estadística.
Desde Educación aclararon que la Dirección de Educación Privada no determina directamente el incremento. El cálculo responde a indicadores económicos y salariales que buscan acompañar la evolución de los costos del sistema. Fernández señaló que los porcentajes de los últimos ajustes vienen mostrando una tendencia descendente, aunque admitió que cualquier aumento implica una presión adicional sobre los presupuestos familiares.
El escenario económico también reavivó el debate sobre la permanencia de los alumnos en las instituciones privadas. Sin embargo, la funcionaria descartó que exista hasta el momento un traslado masivo de estudiantes hacia las escuelas estatales. Según explicó, sí hay casos de familias que, frente a deudas acumuladas, deben analizar si pueden continuar afrontando el costo de la educación privada.
La situación, además, no se limita a un movimiento en una sola dirección. Educación registra también el ingreso de estudiantes provenientes de establecimientos estatales hacia colegios privados e incluso instituciones que actualmente cuentan con listas de espera. Por ese motivo, Fernández describió el fenómeno como un recambio permanente entre ambos sistemas y no como un éxodo generalizado de la educación privada.
Mientras las familias hacen cuentas para sostener las cuotas, los propios colegios atraviesan una situación económica compleja. Los costos salariales del personal docente y no docente, junto con los servicios y otros gastos operativos, presionan sobre las finanzas de las instituciones.
En ese contexto, los aumentos de cuotas funcionan como un alivio parcial para los establecimientos, aunque no alcanzan para eliminar las dificultades. Algunas instituciones deben revisar periódicamente sus gastos, afrontar deudas y reorganizar cursos cuando determinados niveles dejan de resultar sostenibles económicamente.
Pese a este escenario, Educación Privada no advierte un proceso generalizado de cierre de colegios. Tampoco, según Fernández, las instituciones están solicitando actualmente una asistencia financiera extraordinaria al Gobierno provincial, aunque algunas gestionan colaboraciones con otros organismos para afrontar sus compromisos.
El próximo aumento de noviembre cerrará así el esquema de actualizaciones previsto para 2026, en un sistema que busca sostener la estructura de costos de los colegios sin profundizar el impacto que las cuotas ya generan sobre las economías familiares.