La investigación penal por la presunta usurpación de terrenos en Pocito, en un conflicto que involucró al Arzobispado de San Juan, sufrió un revés judicial. El juez del Tribunal de Impugnación, Maximiliano Blejman, resolvió declarar la nulidad de las actuaciones por considerar que existieron irregularidades en el procedimiento y falencias en la investigación del Ministerio Público Fiscal.
La decisión favoreció a Sandro Daniel Zárate, uno de los denunciados en el expediente, luego de que su defensa cuestionara la validez de la audiencia de formalización realizada el 18 de agosto. El magistrado hizo lugar al planteo y dejó sin efecto esa instancia, junto con las medidas posteriores que dependían de ella.
Entre los fundamentos del fallo, Blejman advirtió que la fiscalía había recibido la denuncia en enero de 2026, pero que transcurridos siete meses no había desarrollado una investigación con avances suficientes. Además, señaló que la imputación por usurpación no identificó de manera concreta cuáles eran las conductas atribuidas al acusado, ni precisó las fechas y circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.
Para el magistrado, esas omisiones no fueron cuestiones menores, sino que comprometieron las garantías de defensa del denunciado. También cuestionó la actuación del juez de Garantías que intervino en la audiencia, al entender que permitió avanzar con una acusación imprecisa sin realizar el control de legalidad que correspondía.
A partir de esas consideraciones, Blejman calificó las irregularidades como un defecto absoluto y ordenó que el expediente retrocediera al momento anterior a la formalización de la investigación penal.
El conflicto había tomado estado público en abril, cuando un denunciante aseguró que había donado una parte de un terreno ubicado en inmediaciones de Ruta 40 y Calle 8 para la construcción de una capilla. Sin embargo, sostuvo que las instalaciones religiosas habrían sobrepasado la superficie cedida y ocupado terrenos linderos, donde se levantaron dos canchas de fútbol y sanitarios.
En medio de la controversia, el Arzobispado reconoció la existencia de un error administrativo en la delimitación del predio y asumió el compromiso de demoler los baños de la Capilla Niño Jesús que se encontraban fuera del espacio correspondiente. Esa alternativa había sido planteada como una posible solución extrajudicial al conflicto por los terrenos.
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