La investigación por la presunta megaestafa de Global Market superó las 200 denuncias y acumula un perjuicio económico estimado en más de $4.000 millones. A casi ocho meses de la primera presentación judicial, el expediente continúa sumando damnificados y mantiene abierto uno de los principales interrogantes del caso: dónde están los fondos que numerosas personas entregaron con la expectativa de obtener ganancias mediante supuestas inversiones de bajo riesgo.
Fuentes vinculadas con la causa indicaron que las presentaciones continúan llegando de manera sostenida. En paralelo, las tareas investigativas se extendieron a distintas jurisdicciones, con procedimientos realizados en San Juan, Mendoza y Rosario, Santa Fe, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para el expediente.
Los investigadores también deben analizar una importante cantidad de documentación incautada durante los allanamientos. El volumen del material representa una tarea compleja, cuyo estudio podría aportar información sobre el funcionamiento de la firma, las operaciones realizadas y el recorrido de los fondos aportados por los inversores.
La primera denuncia formal contra Global Market fue presentada el 4 de marzo de 2026. En una etapa inicial, alrededor de 45 personas afirmaron haber entregado sus ahorros para participar en operaciones que les habían presentado como inversiones de bajo riesgo. Con el paso del tiempo, los problemas para recuperar el dinero derivaron en nuevas presentaciones judiciales y ampliaron la dimensión del caso.
El expediente atravesó distintas instancias antes de quedar bajo la órbita de la Justicia Federal, luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente. Desde entonces, se dispusieron medidas para reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento de la presunta maniobra.
Uno de los procedimientos más relevantes se realizó el 1 de octubre en las oficinas de Global Market, ubicadas en Mendoza 31 Sur, en la ciudad de San Juan. El allanamiento fue ordenado por la Justicia Federal y se concretó más de seis meses después de la primera denuncia. En el lugar se encontraba Gustavo Omar Ahumada, uno de los titulares de la firma señalados por los denunciantes. El otro socio mencionado en el caso, Miguel Ángel Cañada, no estaba presente.
Mientras la cantidad de presentaciones sigue creciendo, los damnificados esperan que el análisis de las pruebas permita determinar qué ocurrió con el dinero y si existe la posibilidad de recuperar una parte de los ahorros comprometidos.
Por ahora, no hay información concluyente que permita establecer el destino de la totalidad de los fondos ni las posibilidades concretas de restitución. Además, superar las 200 denuncias no significa necesariamente que todos los hechos hayan sido formalmente imputados ni que exista una resolución judicial definitiva sobre las responsabilidades.
Con un perjuicio económico estimado en miles de millones de pesos y un número creciente de personas que aseguran haber sido afectadas, la investigación busca reconstruir el circuito financiero de la firma y establecer las responsabilidades que correspondan.
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