El negocio de los gimnasios, bajo sospecha: Cerimedo reclamó controles

El crecimiento acelerado de algunas cadenas de gimnasios en San Juan quedó bajo la lupa a partir de un planteo realizado por el subsecretario de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, Eduardo Cerimedo, quien consideró necesario que los organismos competentes analicen la viabilidad económica y el esquema de financiamiento detrás de determinadas aperturas.

El funcionario fundamentó sus dudas en su experiencia dentro de la actividad y señaló que existen casos en los que se habilitaron sucursales a distancias muy reducidas entre sí, una estrategia que, desde su perspectiva, resulta difícil de explicar únicamente a partir de la rentabilidad habitual del negocio.

Cerimedo mencionó además antecedentes que, según indicó, fueron registrados en Chaco, Corrientes y Paraguay, y sostuvo que esas situaciones ameritarían una revisión más profunda de algunos modelos de inversión. Aclaró, no obstante, que el hecho de que una expansión resulte llamativa no implica por sí mismo la existencia de una irregularidad.

Consultado específicamente sobre una posible utilización de dinero proveniente del narcotráfico, el funcionario evitó establecer una relación y reconoció que no cuenta con elementos para asegurarlo. Por lo tanto, sus declaraciones no constituyen una denuncia ni aportan pruebas sobre la existencia de financiamiento ilegal.

El planteo quedó concentrado en la necesidad de examinar determinadas estructuras comerciales y financieras cuando el ritmo de crecimiento o la distribución de los locales no parece guardar relación con la lógica económica esperable para el sector.

En ese sentido, Cerimedo consideró que algunos casos deberían ser objeto, como mínimo, de una investigación que permita determinar de dónde provienen los recursos utilizados para las expansiones y si existe correspondencia entre las inversiones realizadas y la actividad comercial declarada.

Hasta el momento, no se conocieron medidas oficiales vinculadas específicamente con los gimnasios mencionados ni se informó sobre una investigación formal en curso. El planteo del funcionario abre, de este modo, un interrogante sobre los mecanismos de control aplicables a determinadas inversiones y sobre la necesidad de contar con información que permita despejar cualquier sospecha sin convertirla en una acusación sin sustento.