El proyecto de reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda incorpora nuevas incompatibilidades para quienes ocupen cargos públicos y extiende las restricciones a familiares, convivientes y personas o empresas relacionadas comercialmente. La prohibición podría mantenerse durante dos años después de dejar la función.
El proyecto que impulsa la reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) introduce un fuerte cambio en los criterios de acceso a soluciones habitacionales sociales al establecer una serie de incompatibilidades dirigidas a funcionarios públicos y a personas de su entorno.
La iniciativa contempla que quienes ocupen cargos electivos, políticos o de designación en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial no puedan acceder a determinados beneficios habitacionales del organismo. La misma limitación alcanzaría a autoridades y funcionarios políticos de los municipios.
El alcance de la medida no quedaría restringido al funcionario. El proyecto también incorpora a cónyuges, convivientes y familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el objetivo de evitar que una eventual exclusión pueda ser sorteada mediante la postulación de un integrante del grupo familiar.
La propuesta avanza incluso sobre las relaciones económicas vinculadas con los funcionarios. Quedarían comprendidas personas físicas o jurídicas que mantengan con ellos vínculos comerciales, contractuales o societarios directos cuando esa relación pueda representar un conflicto de intereses o generar un beneficio indirecto.
Uno de los puntos de mayor alcance político es que la incompatibilidad no desaparecería automáticamente cuando el funcionario abandone su cargo. Según el proyecto, la restricción continuaría vigente durante dos años posteriores al cese efectivo de la función pública.
El nuevo esquema, sin embargo, no abarcaría todas las herramientas que administra el IPV. La iniciativa establece excepciones para determinadas asistencias financieras destinadas a la construcción o ampliación de viviendas, así como para algunos emprendimientos habitacionales ejecutados mediante aportes privados y con participación de entidades intermedias.
El proyecto también incorpora un mecanismo de sanción para quienes intenten sortear las nuevas condiciones. La presentación de información falsa, la omisión intencional de datos o cualquier maniobra destinada a ocultar una situación de incompatibilidad podría derivar en la nulidad del beneficio, además de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales.
De esta manera, la reforma busca incorporar a la legislación del IPV una barrera específica contra posibles conflictos de intereses en el acceso a viviendas sociales. El criterio propuesto apunta no sólo a quienes ejercen funciones públicas, sino también a su círculo familiar y económico, ampliando considerablemente el universo de personas alcanzadas por las restricciones.