Desde la Asociación de Inquilinos advierten sobre contratos semestrales y aumentos por encima de la inflación ante la expectativa de mayores ingresos vinculados a la minería. Desde la Cámara Inmobiliaria reconocen que los propietarios priorizarán a quienes puedan pagar alquileres más elevados.
Aunque los grandes proyectos mineros todavía no alcanzaron su etapa de mayor actividad, las expectativas de inversión ya comienzan a modificar el mercado inmobiliario de San Juan. La posibilidad de que lleguen trabajadores con salarios elevados está impulsando una tendencia entre los propietarios: ofrecer contratos de alquiler más cortos para tener mayor margen de actualización de precios y captar futuros inquilinos con mayor poder adquisitivo.
La situación fue advertida por Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, y confirmada por Mauricio Turell, titular de la Cámara Inmobiliaria provincial, quienes coincidieron en que el desarrollo minero puede profundizar la competencia por las viviendas disponibles.
Bazán señaló que comenzaron a imponerse contratos de seis meses, con actualizaciones bimestrales que pueden superar la inflación. También alertó sobre acuerdos informales y el riesgo de que los actuales inquilinos pierdan sus viviendas frente a interesados vinculados con la minería que estén en condiciones de ofrecer alquileres más altos.
El dirigente comparó el escenario con lo ocurrido en Neuquén por el desarrollo de Vaca Muerta y advirtió que el encarecimiento de las viviendas puede desplazar a trabajadores de otros sectores, como docentes y empleados de comercio, que no cuentan con los mismos niveles salariales.
Desde el sector inmobiliario, Turell reconoció que los propietarios podrían inclinarse por alquilar a trabajadores mineros antes que a otros interesados, debido a su mayor capacidad de pago. Además, confirmó que la demanda empresarial ya comenzó a reflejarse en propiedades de alta gama, especialmente en barrios privados.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial proyecta incrementar la oferta habitacional mediante la construcción de 30 nuevos barrios en los 19 departamentos, con un total de 2.240 viviendas y una inversión superior a los $322.000 millones.
La preocupación del sector de los inquilinos es que el crecimiento minero termine generando una presión sobre los precios de los alquileres y dificulte el acceso a la vivienda para los trabajadores que no están vinculados con la actividad.