Claudio David Suárez denunció penalmente al presidente de la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, Patricio Páez, y a su hijo por presuntas irregularidades en el cobro de capacitaciones. El dirigente acusado rechazó las imputaciones y sostuvo que los cursos arancelados pertenecían a un emprendimiento privado.
Una denuncia penal desató una fuerte disputa interna en la Agrupación Minera Cordillera de los Andes por el presunto cobro de capacitaciones destinadas a personas que buscan ingresar al sector minero. La presentación apunta contra el presidente de la entidad, Patricio Páez, y su hijo, por supuestas irregularidades en la administración de los pagos y el uso del nombre de la organización.
La denuncia fue presentada el 1 de octubre por Claudio David Suárez, integrante de la conducción, y quedó registrada bajo el legajo MPF-SJ-24148-2026. Según la acusación, algunas personas habrían pagado $150.000 por cursos que, de acuerdo con el denunciante, debían ofrecerse de manera gratuita.
Suárez estimó inicialmente que los movimientos cuestionados alcanzarían entre $12 millones y $15 millones, aunque luego señaló que el monto podría aproximarse a los $20 millones. Se trata de cifras aportadas por la parte denunciante que deberán ser verificadas durante la investigación judicial.
El planteo también cuestiona que los cobros se habrían realizado sin autorización de la comisión directiva y mediante la utilización del nombre de la agrupación para promocionar las capacitaciones. La investigación deberá establecer cómo se organizaron los cursos, quién recibió los fondos y si existieron responsabilidades penales.
Páez negó las acusaciones y aseguró que las actividades aranceladas correspondían a Trackshop, un emprendimiento privado que, según explicó, funciona de manera independiente de la organización minera. Además, sostuvo que las capacitaciones brindadas institucionalmente fueron gratuitas y pidió que su hijo quede desvinculado de la denuncia.
Por su parte, el capacitador Cristian López confirmó que dictó cuatro actividades gratuitas para la agrupación y explicó que posteriormente también fue contratado para realizar otros cursos de carácter privado.
El caso abrió un conflicto dentro de una organización vinculada con la formación de trabajadores para la actividad minera, en un contexto de creciente interés por acceder a empleos en el sector. Ahora, la Justicia deberá determinar si los pagos denunciados se realizaron de manera irregular, cuál fue el destino del dinero y si corresponde atribuir responsabilidades a las personas señaladas. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de una denuncia y no constituyen hechos judicialmente probados.