La recategorización de los empleados municipales abrió un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Chimbas. La intendenta Daniela Rodríguez denunció que más de diez trabajadores de planta permanente quedaron excluidos del beneficio por una decisión del cuerpo legislativo y adelantó que intervendrá para revertir la situación.
En una entrevista, la jefa comunal reconoció que los concejales aprobaron las recategorizaciones, pero cuestionó que durante el tratamiento de la ordenanza hayan seleccionado qué empleados serían incluidos y cuáles quedarían afuera. Según sostuvo, esa determinación excede las facultades del Poder Legislativo.
Rodríguez explicó que el Ejecutivo había impulsado una recategorización general destinada a beneficiar al personal municipal sin establecer distinciones. Por ese motivo, consideró improcedente que el Concejo introdujera exclusiones en una medida que, según su interpretación, corresponde definir al gobierno municipal.
La intendenta confirmó que ya analiza cómo resolver el problema y fue categórica al anticipar que buscará incorporar a los trabajadores afectados. Sin embargo, aclaró que todavía debe determinar el mecanismo administrativo y legal para hacerlo, debido a que la ordenanza se encuentra en sus manos para el proceso de promulgación.
Aunque no precisó la cantidad definitiva de empleados perjudicados, Rodríguez aseguró que son más de diez y remarcó que la exclusión no fue decisión de su administración, sino del cuerpo deliberativo.
El episodio profundiza las diferencias entre los dos poderes municipales y vuelve a poner en discusión las competencias de cada uno en materia de administración del personal. Ahora, el Ejecutivo deberá definir cómo instrumentará la corrección anunciada y qué solución ofrecerá a los trabajadores que quedaron fuera de las recategorizaciones.

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