JUDICIAL

Arancibia acusó al PJ de reclamar impunidad y cuestionó el accionar de la jueza en la causa del Gran Tulum

El abogado y denunciante de la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum criticó las decisiones procesales de Mónica Lucero y advirtió que podrían beneficiar a las defensas. También apuntó contra el comunicado del Partido Justicialista y sostuvo que la investigación debe terminar con una sentencia creíble, sea condenatoria o absolutoria.

La causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó nuevos cuestionamientos por parte de Marcelo Arancibia. El abogado que impulsó la denuncia criticó el manejo procesal de la jueza Mónica Lucero y lanzó fuertes acusaciones contra el Partido Justicialista por su posicionamiento público frente a la investigación, al considerar que el espacio político busca evitar que sus dirigentes sean sometidos al proceso judicial.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la recusación de Lucero. Según explicó Arancibia en declaraciones a la prensa, fue la propia magistrada quien remitió parte de las actuaciones al Tribunal de Impugnación para que ese organismo determine si corresponde apartarla del expediente.

El letrado consideró que el procedimiento no se ajustó a lo que establece el Código Procesal. Sostuvo que, cuando un magistrado rechaza los motivos de una recusación, debe intervenir un tercero para resolver la controversia. A su entender, la decisión de Lucero dejó expuesta una debilidad que los abogados defensores podrían aprovechar para cuestionar el desarrollo de la investigación.

Arancibia advirtió que los desaciertos procesales pueden tener consecuencias que exceden el expediente y profundizar las sospechas de la sociedad sobre la posibilidad de que la causa llegue a una resolución. En ese sentido, señaló que existe desconfianza respecto de la capacidad del sistema judicial para investigar presuntos hechos de corrupción que involucran a personas con responsabilidades en el poder político.

Para el denunciante, el objetivo central debe ser que el expediente concluya con una sentencia legítima, independientemente de que determine responsabilidades penales o absuelva a los investigados. Consideró que la credibilidad de la resolución será fundamental para evitar que la investigación termine cuestionada por la sociedad.

Sin embargo, las críticas más severas estuvieron dirigidas al Partido Justicialista y al comunicado que difundió recientemente sobre la situación judicial de sus dirigentes. Arancibia interpretó que el posicionamiento del peronismo implica un intento de establecer un límite a las investigaciones judiciales cuando alcanzan a integrantes de su espacio político.

También cuestionó el llamado del PJ al oficialismo para expresar solidaridad con los funcionarios involucrados. Según su mirada, ese planteo puede confundirse con un pedido de respaldo político frente a una investigación que debe desarrollarse en el ámbito judicial.

El abogado remarcó que la responsabilidad política y la penal son cuestiones diferentes y que el resultado de las elecciones no puede reemplazar la intervención de los tribunales cuando existen sospechas sobre la posible comisión de delitos. Por eso, rechazó que la legitimidad de los funcionarios surgida de las urnas pueda utilizarse como argumento para limitar una investigación.

Finalmente, Arancibia anticipó que las defensas podrían concentrar sus esfuerzos en revisar las distintas etapas del expediente para encontrar posibles irregularidades formales que permitan cuestionar su validez. Su preocupación es que la discusión procesal termine desplazando el análisis de los hechos denunciados y ponga en riesgo la continuidad de una de las investigaciones judiciales de mayor impacto político e institucional de San Juan.

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