La audiencia de formalización continuará este miércoles a las 14.30, luego de que la magistrada Mónica Lucero pidiera una exposición más clara y acotada de los hechos investigados. El fiscal Sebastián Gómez reconoció las dificultades para presentar una presunta maniobra que se habría extendido durante aproximadamente diez años.
La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum continuará este miércoles con una reformulación de la presentación fiscal. Después de la primera jornada de audiencia, la jueza de Garantías Mónica Lucero solicitó al Ministerio Público Fiscal que reorganice la descripción de los hechos para facilitar su comprensión y delimitar las conductas atribuidas a los imputados.
El fiscal Sebastián Gómez explicó que la extensión temporal de la investigación constituye una dificultad al momento de resumir las presuntas irregularidades, ya que el expediente comprende una maniobra que habría abarcado alrededor de una década.
Frente a las observaciones judiciales, Gómez adelantó que la Fiscalía buscará presentar una exposición más general y concentrada, sin perder los elementos necesarios para que las personas investigadas conozcan con precisión los hechos que se les atribuyen.
La primera jornada contó con la presencia de diez de los once convocados. Respecto de las eventuales ausencias que puedan registrarse durante la continuación de la audiencia, el fiscal aclaró que cualquier determinación quedará bajo la órbita de la jueza de Garantías.
Gómez también salió al cruce de las interpretaciones políticas que rodean el expediente y sostuvo que el trabajo de la Fiscalía está centrado en determinar la existencia de posibles delitos, independientemente de la participación de dirigentes o funcionarios públicos.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Fiscal expuso presuntas decisiones adoptadas por el expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Cristian Andino, que habrían flexibilizado los mecanismos de control vinculados con la ejecución del acueducto.
La reanudación del proceso será clave para conocer cómo quedarán delimitadas las imputaciones y de qué manera la Fiscalía organizará una investigación que involucra distintos hechos y decisiones administrativas a lo largo de varios años. La formalización permitirá avanzar en la comunicación judicial de las acusaciones y en la determinación de las responsabilidades que deberán ser investigadas.