La comercialización de uniformes policiales mediante redes sociales y plataformas digitales volvió a generar preocupación en las autoridades de seguridad de San Juan, que reactivaron investigaciones para detectar posibles irregularidades y limitar la circulación de indumentaria oficial fuera de los canales habilitados.
El tema tomó relevancia luego de un reciente episodio delictivo en el que, de acuerdo con las primeras informaciones, los involucrados habrían utilizado prendas similares a las empleadas por efectivos policiales. La situación encendió las alertas sobre la facilidad con la que este tipo de elementos pueden ofrecerse y adquirirse a través de internet.
Desde la Policía de San Juan señalaron que existe un sistema de control sobre los comercios autorizados para vender uniformes y accesorios destinados al personal policial y penitenciario. Estos establecimientos tienen la obligación de verificar la identidad de los compradores mediante la correspondiente credencial que acredita su pertenencia a una fuerza de seguridad.
No obstante, las autoridades admitieron que el principal desafío se presenta en el ámbito digital. Las publicaciones realizadas en redes sociales o sitios de compraventa suelen escapar a los controles habituales, especialmente cuando los vendedores son particulares o se encuentran radicados en otras jurisdicciones.
Ante este escenario, la Subsecretaría de Control de Gestión reactivó tareas investigativas para identificar publicaciones irregulares y determinar posibles responsabilidades. El objetivo es evitar que prendas de uso oficial queden al alcance de personas ajenas a las fuerzas de seguridad, una situación que podría facilitar maniobras delictivas o generar confusión entre la población.
Desde el organismo explicaron además que sus facultades de control alcanzan principalmente al personal policial y penitenciario. Por ello, cuando se detectan operaciones realizadas por particulares, resulta necesario dar intervención a otros organismos competentes para evaluar eventuales infracciones comerciales o administrativas.
La preocupación por la venta no autorizada de uniformes se mantiene como un tema sensible para las autoridades, que buscan reforzar los mecanismos de supervisión y seguimiento en entornos digitales para evitar el uso indebido de elementos identificatorios de las fuerzas de seguridad.
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