La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil dejó al descubierto una problemática que San Juan aún no logra resolver: la inexistencia de un espacio específico para alojar a adolescentes que sean condenados por la Justicia bajo las nuevas disposiciones nacionales.
La situación fue reconocida por el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien confirmó que el Poder Judicial trabaja junto al Gobierno provincial para encontrar una alternativa que permita cumplir con los requerimientos establecidos por la normativa recientemente aprobada.
El nuevo régimen, sancionado este año por el Congreso, redujo la edad de imputabilidad a los 14 años y estableció un nuevo marco legal para adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre otros aspectos, la ley fija límites para las penas aplicables y establece condiciones específicas para el tratamiento de los jóvenes que resulten responsables de delitos.
Frente a este escenario, la principal dificultad en San Juan radica en la falta de infraestructura adecuada para alojar a menores privados de la libertad. Desde la Corte señalaron que la respuesta institucional requiere la participación conjunta de los poderes del Estado y anticiparon que el tema será una de las prioridades en los próximos meses.
Olivares Yapur remarcó que la provincia debe contar con un establecimiento especialmente destinado a esta población y descartó que el Servicio Penitenciario Provincial pueda cumplir esa función. Según explicó, la normativa exige espacios diferenciados y adecuados para adolescentes, por lo que el Penal de Chimbas no constituye una alternativa válida.
El magistrado también indicó que el Instituto Nazario Benavídez se encuentra atravesando un proceso de adecuación edilicia, aunque aclaró que actualmente no reúne las características necesarias para funcionar como un centro de alojamiento para jóvenes condenados.
La discusión sobre la aplicación del nuevo régimen ya había generado advertencias en el ámbito judicial local incluso antes de su aprobación definitiva. En ese contexto, el juez penal de Niñez y Adolescencia Jorge Toro había señalado que la participación de menores en los delitos registrados en la provincia representa un porcentaje reducido dentro de la criminalidad general.
Si bien los juzgados especializados intervienen cada año en cientos de expedientes relacionados con menores, el magistrado había advertido que el fenómeno del delito juvenil tiene una incidencia baja en comparación con el conjunto de las causas penales y que cualquier reforma debía complementarse con políticas de prevención, contención social y reinserción.
Con la ley ya vigente, el desafío dejó de ser una discusión legislativa para convertirse en una necesidad concreta. La provincia deberá definir cómo adaptará su infraestructura y sus dispositivos institucionales para garantizar el cumplimiento del nuevo régimen y brindar un espacio acorde a los adolescentes que eventualmente sean condenados por la Justicia.
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