Tras una denuncia sindical, se detectaron posibles desvíos de fondos vinculados a empleados que no cumplirían funciones en la comuna. El caso ya derivó en medidas administrativas, renuncias y análisis de responsabilidades.
La investigación por presuntas irregularidades en la planta de personal de la Municipalidad de Zonda sumó un avance significativo con la intervención del Tribunal de Cuentas de San Juan, que comenzó a aplicar medidas para revisar el destino de fondos públicos y determinar eventuales responsabilidades administrativas.
El expediente se inició a partir de una denuncia del Sindicato de Empleados Públicos, que advirtió sobre inconsistencias en la situación laboral de parte del personal municipal. Según estimaciones surgidas en ese marco, de los 240 agentes que integran la planta, una proporción importante no cumpliría efectivamente funciones, mientras que solo una parte minoritaria registraría asistencia regular.
De acuerdo con la información aportada por la representación legal del gremio, ya se habrían producido las primeras consecuencias concretas en el marco de la investigación, con la devolución de sumas cobradas indebidamente y la renuncia de algunas personas involucradas en los casos bajo análisis.
Las actuaciones iniciales alcanzan a un grupo reducido de empleados con presuntos vínculos cercanos a la gestión municipal. En esos casos, se investiga la existencia de situaciones de incompatibilidad laboral, vinculadas a desempeños simultáneos en el ámbito privado y en la administración pública, incluso fuera de la provincia.
Según los planteos del sindicato, los cruces de información habrían detectado registros laborales en empresas privadas y actividades incompatibles con el cumplimiento de funciones en el municipio, lo que refuerza la hipótesis de posibles irregularidades en el uso de recursos estatales.
La investigación se originó tras una inspección gremial realizada en 2025, donde se habrían observado inconsistencias entre la planta declarada y la presencia efectiva del personal en funciones. A partir de esos hallazgos, se inició un proceso de revisión que luego derivó en la intervención del organismo de control provincial.
En ese contexto, el municipio debió aportar documentación respaldatoria, aunque inicialmente se informó la falta de registros de asistencia, lo que derivó en la implementación de un sistema de control biométrico y en cambios en el área de personal.
Actualmente, el Tribunal de Cuentas analiza el ejercicio 2025 con el objetivo de determinar si corresponde avanzar en eventuales responsabilidades administrativas o judiciales por el manejo de los fondos públicos.
Desde la representación sindical adelantaron que continuarán monitoreando el expediente y no descartan avanzar con acciones judiciales si se confirman irregularidades más amplias en la administración de recursos municipales.