En medio de las crecientes expectativas por el desarrollo minero en San Juan y la llegada de nuevos proyectos de gran escala, desde el sector de proveedores locales surgió una advertencia sobre los desafíos que acompañan ese proceso. La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) reclamó la creación de una Ley de Desarrollo de Proveedores y alertó sobre el riesgo de que las oportunidades económicas queden concentradas en un grupo reducido de empresas.
La preocupación fue expresada por el presidente de la entidad, Fernando Godoy, quien sostuvo que la provincia atraviesa un momento decisivo para definir el modelo de crecimiento que acompañará el nuevo ciclo minero. Según planteó, el escenario actual abre la posibilidad de consolidar un esquema más amplio de participación económica o, por el contrario, repetir experiencias donde pocas firmas concentran contratos y beneficios sin un impacto extendido sobre el resto del entramado productivo.
El planteo surge en un contexto en el que San Juan concentra algunos de los proyectos mineros con mayores expectativas del país, pero todavía no cuenta con una normativa específica destinada a fortalecer la cadena de valor local. Desde la cámara consideran que esa ausencia genera un vacío en las condiciones para integrar a pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la actividad.
Actualmente, CAPRIMSA impulsa acuerdos y acciones orientadas a fomentar el denominado "compre local", promoviendo que compañías que desembarcan en la provincia generen vínculos con proveedores sanjuaninos y desarrollen asociaciones con actores locales. Sin embargo, desde la entidad consideran que esas prácticas dependen principalmente de acuerdos voluntarios y carecen de herramientas que garanticen su continuidad.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a experiencias previas vinculadas a la actividad minera, donde empresas locales de gran porte lograron concentrar múltiples servicios bajo una misma estructura. Según la mirada del sector, esa dinámica puede limitar las posibilidades de crecimiento para proveedores más pequeños y reducir la expansión de nuevos actores dentro de la cadena productiva.
En ese sentido, CAPRIMSA impulsa un esquema en el que las empresas que accedan a grandes contratos incorporen mecanismos de acompañamiento y desarrollo para firmas de menor escala, favoreciendo la generación de capacidades y nuevas oportunidades de participación.
Desde la entidad sostienen además que la aceptación social de la minería y su respaldo a largo plazo estarán vinculados a la capacidad de distribuir los beneficios económicos en distintos sectores de la sociedad. Bajo esa lógica, remarcan que el crecimiento esperado por proyectos como Josemaría, Los Azules y Vicuña no debería limitarse únicamente a grandes compañías, sino traducirse también en oportunidades para empresas medianas y pequeñas.
El debate, aseguran, excede una discusión comercial y se vincula con la forma en que San Juan administrará uno de los ciclos económicos más importantes de las últimas décadas. Para los proveedores, el desafío pasa por definir si la expansión minera funcionará como un motor amplio de desarrollo o si la mayor parte de la riqueza quedará concentrada en la cima de la estructura económica.
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